El pasado 17 de miércoles inició el paro minero en nuestro país, para lo cual los trabajadores tienen la necesidad de erguir su voz oficial afirmando que  carecen de fondos para satisfacer nuevas demandas. Sin embargo, esta problemática hace eco a una coyuntura más radical que tiene su emergencia sobre momentos más singulares y que brevemente nos proponemos a desplegar. Y es que, antes que nada, dentro del marco global del neoliberalismo una de las políticas que tiene más auge es la de la extranjerización de la tierra, en el cual se encuentran proyectos agroindustriales sumamente ambiciosos y que se han venido aplicando cada vez con más fuerza; en especial el denominado de la política minero-energética. Ahora bien, ¿Porqué considerarlo tan importante? Y es que aproximadamente el 58.2% del territorio nacional es propio para la explotación petrolera y minera considerado por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) como área reservada. Este es el principal incentivo de la avalancha de minerales hacia los mercados internacionales. Dicho de otro modo, serían más de 65 millones de hectáreas en el país de las 114.17 millones que existen actualmente dentro del territorio.

Ahora bien, el problema de fondo no es ese, sino la desigualdad e impacto social tan profundo, así, como el exterminio, desplazamiento y des habitación que irradia sobre nuestras comunidades, las primarias, es decir, las indígenas y campesinas. Los crecimientos y márgenes de explotación son increíbles y dentro del poder constitucional, prácticamente a nivel multilateral de las áreas de América Latina y del Caribe las Leyes en torno a la minería sólo tienen como sujeto de derechos a las trasnacionales, pues no les interesa que los Pueblos protejan sus derechos constitucionales. Muestra de ello, y de la falta de integración a luz de las constituciones nacionales por estos, sólo para poner un ejemplo determinado existen los casos de: Colombia, Chile, Salvador, Guatemala y Brasil. El problema surge por no haber re-incorporado los grupos, colectividades y una descendencia que tiene entre sus gérmenes a la cultura Maya como germen de unión patrimonial.

En nuestro país, acaecimientos como el denominado “Plan Troya”, han señalado distintas relaciones existentes siempre en mega-proyectos, vinculados con el paramilitarismo y la creciente fuerza de las regiones a través de planes militares. Todas ellas, encaminadas normalmente a las mismas relaciones entre las empresas multinacionales, los paramilitares y la Fuerza Pública. Políticas minero – energéticas  que satisfacen intereses particulares en detrimento de problemas de: contaminación ambiental promulgado la  baja entropía en desechos, muchos nocivos, y al sobrecalentamiento global dado en la combustión de maderas y de petróleo; propagación de energías destructivas como la energía nuclear, bien sea para finalidades bélicas o para generar energía “limpia”, la extracción de recursos minerales y los usos del agua para hidroeléctricas que modifican la naturaleza dañando a nuestro organismo vivo.

La aprobación por parte del congreso de la república de leyes en materia política de tipo minero – energética están incluso en detrimento de la diversificación ambiental por la satisfacción de proyectos globales. Una apreciación respecto de distintos entes capacitados ha mostrado que todos segregan apreciaciones muy parecidas: entre estas, sólo por contar algunos de ellos se encuentran: la Coordinación Agro minera del departamento de Antioquia, MUCAPOC (Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano), Asoquimbo o la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, La Coordinación Agrominera del Norte y Nordeste antioqueño, el ANZORC, El MODEP, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, entre otros. Con todo y estos problemas (marcados de manera general), las políticas del estado no tienen ningún impacto real. Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Red Unidos, restitución de tierras, reparación de victimas, primer empleo y otras estrategias no producen resultados efectivos en la situación social de los colombianos y mucho menos lo será la minería desde este marco. 

A fin de pronosticar algunas cifras, El 40% de los subsidios del gasto público se lo lleva el 18% más rico de la sociedad; cuando en el fondo seguimos siendo un país feudal en el que todo se asocia a rentas y tierras. El 0,5% de los más ricos se apropia de una quinta parte de la riqueza de la sociedad.  El Estado nunca se mete con los ricos, con la cúspide de la pirámide. La prueba está en el sistema tributario vigente que tiene una simulación sobre el concepto de equidad que promueve. De otro lado, cuando en países como en Estados Unidos los tributos van del 22% al 30%; en Inglaterra son del 40%; y en Suiza son del 50%; en Colombia solo son el 5% y el 7% del patrimonio. Y lo peor del asunto: la evasión de impuestos sobre todo del sector empresarial cuando tiene equivalencias tan grandes súper los 20 BILLONES de pesos en nuestra nación.

De igual forma, la actualidad evidencia que el proyecto minero representa un punto infranqueable dentro del último Plan Nacional de Desarrollo (2010 - 2014), el cual fue radicado hacia el 6 de Febrero del pasado año en el Congreso de la República. Entre los resultados sobreestimados se ha esperado que represente alrededor de un 4,5% del crecimiento del PIB, además de representar un 27% en la tasa de inversión del PIB y supuestamente entre las alternativas que tienden a disminuir el desempleo se reduce un 10,5%. Sin duda, es una de las principales locomotoras del país trayendo un balance de crecimiento del 0,7% en el incremento de la productividad. Según cifras determinadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Sin embargo, y a partir de esta contextualización muy generalizada hemos de preguntarnos: ¿Por qué se levanta un paro nacional minero en el país? Y es que simple y llanamente los recursos y el capital obtenido por el gremio obrero a partir de esta gran industria, no están generando dividendos que, al menos garanticen la mejoría de la supervivencia dentro sus ingresos obtenidos, o mejor aún, en otros casos en los que el trabajo minero significa un modo de generación de empleo obstaculizado cada vez más por el decomiso de la maquinaria minera por parte de la fuerza pública, la exigencia sobre el cumplimiento de requisitos para dedicarse a esa actividad como lo es la coloca de material de arrastre bien sea oro o carbón, arena o gravilla para colocar en construcción. El peso de las llamadas  Águilas Verdes, o las Águilas Blancas quienes se han valido de la minería para  el lavado de activos y colisionar mayor contaminación. Y finalmente, el otorgamiento de licencias y concesiones han favorecido a aquellos que han tenido “pre-acuerdos” con quienes están capacitados para suministrarlas.

A lo anterior, se le suman casos particulares de corrupción –sólo por mencionar algunos- como el de Casanare, donde se gastaron 21 millones de dólares (40 mil millones de pesos) en la construcción de un sistema de de detención de aguas que ahora no funciona y se encuentra abandonado. Maní, municipio llanero, en que se gastaron 9 millones de dólares (16 mil millones de pesos) en un alcantarillado pluvial que no se encuentra habilitado. En general, La Contraloría General de la República ha detectado casi 500 hallazgos fiscales por valor de 300 millones de dólares sólo en los últimos meses, que no son otra cosa que manifiestas irregularidades. Otras casos análogos, como el de  Mark Cutifani, presidente de la multinacional sudafricana “Anglo Gold Ashanti” que viene haciendo explotaciones de oro en la denominada “Mina La Colosa”, en Cajamarca Tolima ha degenerado en 517.75 hectáreas de una rica zona de reserva natural, que ahora se convierte en terreno árido, contaminado e inhabitable.

El inicio de una protesta y comienzo de una huelga nacional que evoca todo el sector minero y paraliza esta industria. Paro que se une a la movilización ya iniciada el 11 de Julio por los cafeteros del Catatumbo (región integrada por siete municipios en el departamento de Norte de Santander), donde cerca de 20.000 pobladores (cifra que aumentará considerablemente) participa del paro activo; y comunidades aledañas de 11 municipios que participan en los diferentes programas. Las millonarias recolecciones en este sector por parte de la minería no deja resultados favorables para el sector donde se alcanzan índices de pobreza superior al 73% a excepción de Ocaña, en Hacari se alcanza el 93% de pobreza, en el Tarra el 92% y San Calixto el 90%. Sin dejar de lado, que el 23% del Catatumbo no cuenta con servicio de alcantarillado y agua potable. La solución pareciera ser disponer de 15.000 hombres de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea colombiana en obstrucción. Recordemos, que este, fue un pueblo que ya logró comprometer al gobierno nacional y departamental con planes para la región como el plan de vida Motilon-Bari y el plan de desarrollo para el Catatumbo (años 1996, 1998 y 2006). Actualmente, el bloqueo vial se mantiene en Tibú.

Los mineros artesanales, quienes se aproximan a las dos millones de familias, se acuñaran en vías en al menos seis departamentos del oeste y centro del país: Caldas, Huila, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. Desde ya, es muy posible que surja la necesidad de nuevos compromisos y propuestas por parte del gobierno central como de instituciones públicas y privadas que les urge vincularse a la problemática. Del mismo modo que, brota un punto de ebullición sobre el cual ya la Asociación Nacional de Instituciones Financieras o “Anif" deberá empezar a realizar su análisis financiero sobre el presupuesto dentro del PIB que le costará a la nación sediciones de este tipo: un paro que bloquea un sector tan importante y productivo en el país. Hoy la Confederación Nacional de Mineros requiere de compromisos; honestos y tan necesarios dentro de nuestra nación colombiana y tan agobiada sociedad civil. 

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